Ley contra el odio, coartada a la libertad de expresión: SIP

11 Novembre, 2017, 21:12 | Autore: Santina Resta
  • Laura Louza

El pasado 8 de noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia", la cual consiste en un estatuto en el que se puede castigar con una pena de hasta 20 años de cárcel por "incitar al odio".

- La Comisión de la Convivencia Pacífica estará conformada por 15 personas, de los cuales 12 son altos funcionarios del Estado (tres de la ANC, 4 ministros, el presidente del TSJ, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público y un rector del CNE), mientras que solo tres personas formarán parte de "organizaciones sociales que tengan por objeto la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia", pero no se especifica si estos serán grupos fomentados por el Gobierno Nacional, ONG, fundaciones u organismos internacionales acreditados en el país, ni se mencionan los métodos de designación de los mismos ni quién dirigirá el proceso.

"Esta es la ley lo que promueve es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país", dijo Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano.

Sanciona la divulgación de propaganda de guerra y mensajes discriminatorios por las redes sociales y los medios de comunicación tanto públicos como privados. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos. Mohme, director de La República de Lima, Perú, agregó que el régimen "sigue así reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo".

Asimismo, el artículo 20 de la citada ley, señala: "Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años".

En esa misma reunión se aprobaron dos resoluciones sobre Venezuela.

La ley también tipifica los delitos de odio relacionados con la orientación e identidad sexual.

"Se trata de una farsa política con apariencia de legalidad que no tiene ningún efecto jurídico vinculante", afirmó la representante venezolana en la OEA, Carmen Velásquez.

Lo anterior, señaló, demuestra que las acciones estaban bien dirigidas a afectar los servicios básicos de la población y generar en los venezolanos situaciones de penurias.

"Hay mucha esperanza porque sentimos que esta es la forma de hacer justicia a nuestros familiares, además asegurará a nuestros hijos e hijas su futuro", remarcó.

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